De los 18 pacientes adictos internados en la unidad 5 del hospital Obarrio, ocho de ellos con pedidos judiciales, ya hay siete que tienen el alta hace varios meses y, sin embargo, no tienen adónde continuar su tratamiento de rehabilitación, detalla el director del Servicio de alcoholismo y adicciones, Rolando Estevez.
Reconoce el caso del joven Jorge S., quien terminó siendo trasladado de urgencia al hospital Padilla, tras haber sufrido una intoxicación aguda por consumo de sustancias. "El paciente presentaba una problemática muy compleja", señala.
"No creo que este (el Obarrio) sea un lugar adecuado para que los adictos se recuperen. Médicos y psicólogos no alcanzan para un tratamiento. No se trata solamente de adictos, la problemática social que presentan es grandísima. Esto no se soluciona en un hospital psiquiátrico. Se requiere de un programa, de un equipo especializado, de un centro adecuado. El problema es que es muy costoso. Pero hay que buscarle una solución porque esto se viene cada vez peor", apunta.
"Por más que pongamos un muro de cinco metros, lo mismo la droga va a entrar. Querer que se curen aquí es muy pretencioso. Nosotros nos conformamos con que no asuman más riesgos que en la calle. Y creemos que quitarles la libertad es peor", concluye.
El psiquiatra Angel Uslenghi, quien muchas veces desde el Poder Judicial debe definir si es necesaria o no la internación compulsiva de un adicto, opina que el hospital Obarrio, por sus características propias y el entorno, no es el sitio adecuado para brindar atención al consumo indebido de sustancia que requiere respuestas desde lo biológico, psicológico y social. "Este hospital está en condiciones para atender el episodio agudo. El problema es que no existe lugar para derivar luego de esta instancia", remarca.
También se refiere a las medidas de internación que se efectúan desde la Justicia. "En un proceso penal, la consigna policial es clara y necesaria. Ahora cuando la Justicia Civil pide una internación, poner un efectivo a la par del paciente no corresponde a mi criterio, ya que la persona que tiene esta problemática de salud, no es un problema de seguridad. Esta decisión es una muestra del estigma y la discriminación. Ante un problema de un paciente de riesgo en el campo de la salud mental se debe actuar con tecnologías operativas que involucren recursos humanos y farmacológicos adecuados", sostiene. "A lo largo del tiempo quedó demostrado que la presencia de consignas policiales individuales en los hospitales monovalentes, no solo es ineficiente sino perjudicial para los pacientes y las instituciones. Inclusive el personal de seguridad afectado la vive como un castigo", finaliza.